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Servicios públicos

Conectando a las personas con sus derechos sociales

Los servicios públicos de calidad entregan prestaciones universales y accesibles para todas las personas; son participativos y transparentes, confiables y responsables. Ellos se diseñan para el futuro, mejoran y se adaptan a personas y contextos. Se orientan a la igualdad, incluida la de género y son conscientes ambientalmente. Se fundamentan en la solidaridad, están protegidos frente a la economía de mercado y se construyen sobre una base sólida de financiamiento público a largo plazo.

Para que éstos se hagan realidad en una sociedad, se requiere que la Constitución establezca explícitamente la obligación del Estado de prestar servicios públicos universales y de calidad. Esto implica el reconocimiento de los servicios públicos como la puerta que conecta a las personas con sus derechos humanos y les permite acceder a ellos en la práctica. Asimismo, la Constitución debe reconocer que los servicios públicos son la base de una sociedad justa y sostenible, permitiendo su adaptación y ampliación según el contexto social y protegiéndolos frente a la mercantilización. Por último, la regulación de los servicios públicos debería fijar un marco general de comprensión de su finalidad que permita que la práctica jurídica vaya dotándole de significado, al mismo tiempo que debiera identificar algunos ejemplos de áreas de especial interés, tales como la salud, la educación, la seguridad social y el agua, entre otros.

Para lograr este objetivo, junto a sindicatos del sector públicos en Chile y organizaciones de la sociedad civil, levantamos una iniciativa popular de norma de cara al proceso constituyente, basada en el Manifiesto Global por los Servicios Públicos.


Conoce la propuesta de norma constitucional aquí


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